Estado del Arte de los Telecentros de América Latina y el Caribe


3. LA OPERACIÓN ACTUAL

3.1. El marco regulatorio

En sus inicios, en la década de 1 990, la operación de los telecentros se desarrolló espontáneamente conducida por entidades de la sociedad civil. Los promotores identificaban una comunidad, buscaban auspicio, promovían los servicios, realizaban la instalación e iniciaban sus operaciones.

En el momento actual, el estado, a través del gobierno central interviene con fuerza en el proceso, estableciendo políticas nacionales y dictando regulaciones de impulso y control e implementando sus propias iniciativas de generación de telecentros.

Se han desarrollado políticas públicas que tienen como objetivo básico alcanzar el acceso universal a las telecomunicaciones, Internet incluido y así en toda América se observa cómo en años recientes y en este momento varios gobiernos proponen agendas digitales a las sociedades(1), que básicamente buscan una actualización de la legislación de telecomunicaciones con el objeto de que éstas se extiendan a todo el territorio geográfico del país, a la vez que generan fondos financieros específicos y en algunos casos facilitan la instalación de telecentros como una herramienta para poner las telecomunicaciones y específicamente la Internet al alcance de la población. Juliana Martínez(2) explica estas acciones señalando:

"Las políticas públicas tienen que ver con el acceso de las personas a bienes y servicios, los cuales cambian a lo largo del tiempo. Por lo general, éstas tienen una justificación, una razón, un para qué, al cual nos referimos como los principios que orientan y dan sentido a las políticas.
En el caso de la Internet, tenemos al menos dos conjuntos de principios en disputa, uno correspondiente a la visión dominante de la Internet y otro correspondiente a lo que denominamos la visión alternativa.
La visión dominante considera que el problema a resolver es la brecha digital. Una visión alternativa considera que el problema es, en realidad, la desigualdad social y económica que, a su vez, produce la brecha digital."

En un estudio reciente(3), se encontró que en seis países de la región, durante la década del 90 hasta el momento actual, las normas jurídicas que regulan las telecomunicaciones habían sido modificadas para incorporar disposiciones que permitieran al estado y a la sociedad incorporar las nuevas fuerzas tecnológicas y modernizar la estructura empresarial que rige el sector. En la mayoría de los casos observados, en el nivel conceptual se ha identificado la modernización con la privatización de los servicios de telecomunicaciones.

Sin embargo de la presentación de este panorama general, existen matices en la acción del estado y básicamente se los encuentra:

  1. En el enfoque gubernamental con respecto a la gestión de los telecentros. En Colombia, por ejemplo, el proyecto estatal de instalación de telecentros pretende ser tercerizado, concesionándose el proceso a organizaciones empresariales y sociales, a través de un mecanismo publico de licitación, cuyas bases se encuentran en proceso de consulta a los posibles interesados. En el otro extremo, en el caso de Cuba, el estado a través de entidades propias o paraestatales, lo conduce, sin permitir la participación de otras entidades.
  2. En los diferentes niveles de la organización estatal. Efectivamente los organismos del poder local (municipalidades, prefecturas) también generan un sistema de telecentros que se desenvuelven en el ámbito de su competencia, en algunos casos apoyándose en alianzas con organizaciones de la sociedad civil y con instituciones empresariales, lo cual permite un despliegue del sistema y una forma de acción eficiente en la medida que los actores tienen una relación más cotidiana y capacidad de respuesta más ágil. Los mejores ejemplos de este tipo de acción se encuentran en Sao Paulo (Brasil), a través de la red sampa.org, en la cual la presencia de las organizaciones sociales es decisiva y en Manizales (Colombia).

Las agendas digitales también han incluido la constitución de fondos financieros que permitan desarrollar las actividades propuestas. Así ha ocurrido en Brasil, México, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, entre otros países.

En términos generales estas nuevas políticas y programas públicos han generado un escenario propicio para la instalación de telecentros, sin embargo, por su novedad, es preciso esperar hasta advertir con claridad los efectos de esas políticas.


  1. Ecuador 2001, Costa Rica 2000, Chile 2000, México 2000, entre otros.
  2. MARTINEZ Juliana, Visiones dominante y alternativa de la Internet Fundación Acceso, Agosto 2000, http://www.acceso.or.cr/publica/telecom/REFL4-pppp.shtml.
  3. BONILLA SORIA Paúl Políticas, Legislación y Nuevas Iniciativas de Acceso a las TIC's en México, Costa Rica, Cuba, Colombia, Brasil Uruguay y Argentina, APC, Montevideo, Noviembre 2001.


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Última actualización - February 20, 2002

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